vivienda

Miguel Lorenzo

ingeniero de telecomunicación_

 

Problema de responsabilidad, no de vivienda

Mi experiencia sobre mí mismo me dice que a menudo me puede esa ingenuidad que convierte todo lo que escribo en malas imitaciones del “Que canten los niños” de José Luis Perales. Ahora que la cita musical ha conseguido que me abandonen los lectores menores de 40 años, ya puedo compartir mis reflexiones sobre “el problema de la vivienda” con generaciones menos impulsivas, que se limitarán a compadecerse de mi ingenuidad antes que enfadarse con mi atrevimiento.

Resulta que en España tenemos un problema con el acceso a la vivienda, una cosa extraña dado que la Constitución ya establecía las bases en su artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada“. ¿Ya? Que levanten la mano todos los que han leído o escuchado esta parte. ¿Todos? Probablemente. Ahí acostumbran a quedarse políticos, tertulianos, y conversaciones tabernarias.

Pero resulta que el artículo continúa: “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

En mi opinión el principal problema es que, con la lectura de la primera frase, nadie se da por aludido, en especial los políticos que deberían asumir esa responsabilidad como propia en vez de cargarla sobre los únicos actores que de verdad ejercen su papel para facilitar esa vivienda digna y adecuada: inversores, promotores, constructores, y por supuesto y en último término, los propietarios que destinan SU propiedad al alquiler, y todos aquellos que en esencia contribuyen a que, donde no existe una vivienda, o no resulte digna ni adecuada para nadie, “aparezca” una disponible como por arte de magia.

Sin todos esos actores, las discusiones sobre su precio de salida al mercado del alquiler se convertirían en la mejor interpretación posible de la pieza musical más famosa de John Cage, el hombre que consiguió demostrar que a veces aporta más un buen silencio que las simples distracciones sonoras que tantas veces aborregan y desvían a nuestro cerebro de su responsabilidad cognitiva.

Sin negocio no hay inversión privada. Es así de simple. A corto plazo, a medio, o a largo. Y por otro lado, igual que existe la ley de la gravedad y no la podemos negar, existe la ley de la oferta y la demanda, siendo ambas leyes absolutamente independientes del sistema político de gobierno de ningún país. Si hay más demanda que oferta, el precio sube de forma natural; y si el precio baja, la demanda se incrementa. Conclusión lógica: si en la vivienda se limita el precio de manera artificial, en esencia se está bajando, la demanda insatisfecha aumenta, y serán precisamente aquellos menos solventes los que tendrían más dificultades en acceder a esa vivienda. Por otro lado, la calidad del producto, en buena lógica, se vería afectada. Pero aparte de todo ello, la primera frase del párrafo sigue primando: sin negocio no hay inversión privada.

¿Qué pasa si no hay inversión privada suficiente en un bien necesario? Que sólo queda la inversión pública, que tiene que asumir el problema. ¿Pero acaso el actual no es ya problema suyo? Ahorrémonos el paso del deterioro y destrucción de la inversión privada y pasemos directamente a la inversión pública rentable.

Si los poderes públicos entienden que la inversión en vivienda es un gran negocio que deriva en “áreas tensionadas con precios abusivos”, ¿por qué han abandonado a su suerte un mercado tan importante? ¿Por qué se atribuyen la educación y la sanidad, por ejemplo, que son sectores que por motivos sociales deben ser deficitarios y, por tanto, con un soporte público, mientras otros como la vivienda que pueden ser incluso rentables se dejan exclusivamente en manos privadas?

Precisamente el Estado tiene un poder competitivo inmenso en relación a los inversores privados: primero porque no soporta enormes cantidades de impuestos y otros gastos que un inversor privado que va a destinar su vivienda al alquiler tarda habitualmente varios lustros en recuperar; después, porque todo el empleo generado en la inversión en vivienda (construcción, reforma, mantenimiento) se traduce en una mejoría de la economía global, con una mayor recaudación de impuestos y menores costes en subsidios; también, porque con una inversión en las zonas adecuadas (donde la gente necesita vivir, no irse de vacaciones), se aumentaría la oferta, con precios potencialmente más bajos ya de por sí por haber tenido costes netos también más bajos, y con posibilidad de establecer criterios objetivos de renta para acceder a este tipo de viviendas sin necesidad de dejarlo al azar como en el absurdo caso de las llamadas “Viviendas de Protección Oficial”, que pretendían (hablo en pasado por su escasa relevancia práctica) facilitar la compra de vivienda a personas que ni tan siquiera podrían en muchos casos acceder al crédito bancario necesario, y además supeditar el acceso a un sorteo como si se subvencionara a los más necesitados con boletos de la Lotería de Navidad, algo que por otra parte resultaría indudablemente más práctico y rentable para las arcas públicas.

La vivienda pública es necesaria, una responsabilidad política obligada, con financiación pública, con transparencia, con buena gestión, y con beneficio público. Que tengamos una deuda pública enorme desde hace tanto tiempo y no tengamos un parque adecuado de viviendas públicas para poner en alquiler al precio que (ahí sí) determinen los políticos, no es más que el reflejo de la ineptitud histórica de los gobiernos en la gestión de los recursos públicos.